Introducción:
La reactivación económica mundial, lograda por medio de una colosal
inyección de gasto público en el circuito económico (de los EEUU a
China), es frágil pero real. Un solo continente se queda atrasado,
Europa. Encontrar el camino del crecimiento no es su prioridad política.
Europa entró en otra vía: la de la lucha contra los déficits públicos.
En la Unión Europea estos déficits son elevados, es verdad, -7% en
promedio en el 2010-, pero mucho menos que el 11% de los EEUU.
Mientras algunos Estados norteamericanos de peso económico superior
al de Grecia, California por ejemplo, están cercanos a la quiebra, los
mercados financieros decidieron especular sobre la deuda soberana de
los países europeos, particularmente los del sur. Europa está prisionera
de su propia trampa institucional: los Estados deben tomar créditos
ante instituciones financieras privadas que obtienen liquidez a bajo
precio del Banco Central Europeo. Así, los mercados tienen la llave del
financiamiento de los Estados. En este marco la ausencia de solidaridad
europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de
calificación juegan a acentuar la desconfianza.
Fue necesaria la degradación de la nota de Grecia por la agencia
Moody’s el 15 de junio, para que los dirigentes europeos retomaran el
término de “irracionalidad” que tanto emplearon al inicio de la crisis de
los subprimes. De este modo se descubre que España está más
amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su
sistema bancario que por su deuda pública.
Para “tranquilizar los mercados” se improvisó un Fondo de
estabilización del euro, y se lanzaron por toda Europa drásticos, y a
menudo ciegos, planes de reducción del gasto público. Los funcionarios
son las primeras víctimas, incluso en Francia, en donde el alza de
cotizaciones de su previsión será una disimulada baja de sus salarios. El
número de funcionarios disminuye en todas partes, amenazando los
servicios públicos. Las prestaciones sociales, de los Países Bajos a
Portugal, pasando por Francia con su actual reforma de la previsión,
están siendo gravemente amputadas. El paro y la precariedad del
empleo crecerán forzosamente en los años venideros. Estas medidas son
irresponsables desde un punto de vista político y social, e incluso en el
estricto ámbito económico.
Esta política, que ha calmado provisoriamente la especulación, tiene ya
consecuencias sociales muy negativas en numerosos países europeos,
particularmente en la juventud, el mundo del trabajo y los más
vulnerables. A corto plazo agudizará las tensiones en Europa y con ello
amenazará la propia construcción europea que es mucho más que un
proyecto económico. Allí la economía debiese estar al servicio de la
construcción de un continente democrático, pacificado y unido. En lugar
de eso, se impone por todas partes una forma de dictadura de los
mercados, y especialmente hoy en día en Portugal, España y Grecia, tres
países que aun eran dictaduras a principios de los años 1970, hace
apenas cuarenta años.
Que se la interprete como el deseo de “tranquilizar los mercados” por
parte de gobiernos asustados, o bien como un pretexto para imponer
decisiones dictadas por la ideología, la sumisión
a esta dictadura es inaceptable tanto ha dado ya la prueba de su
ineficacia económica y de su potencial destructivo en los planos político
y social.
Un verdadero debate democrático sobre las decisiones de política
económica debe pues abrirse en Francia y en Europa. La mayor parte de
los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para
justificar o racionalizar la sumisión de las políticas a las exigencias de
los mercados financieros. Cierto, en todas partes los poderes públicos
debieron improvisar planes keynesianos de reactivación e incluso
nacionalizar temporariamente los bancos. Pero quieren cerrar este
paréntesis lo más pronto posible. El software neoliberal aun sigue
siendo considerado como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos.
Este, fundado sobre la hipótesis de eficiencia de los mercados
financieros, plantea reducir el gasto público, privatizar los servicios
públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los
servicios financieros y los mercados de capitales, aumentar la
competencia en todo tiempo y lugar…
En tanto economistas, estamos aterrados al ver que estas políticas
siguen a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no son
cuestionados. No obstante, los argumentos avanzados desde hace
treinta años para orientar las decisiones de política económica europea
son desmentidos por los hechos. La crisis desnudó el carácter dogmático
e infundado de la mayor parte de las pretendidas evidencias repetidas
hasta la saciedad por quienes deciden y por sus consejeros. Ya se trate
de la eficacia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la
necesidad de mutilar el gasto para reducir la deuda pública o de reforzar
el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar dichas falsas evidencias y
mostrar la pluralidad de decisiones posibles en materia de política
económica. Otras decisiones son posibles y deseables, a condición,
primero que nada, de liberarse del dominio impuesto por la industria
financiera sobre las políticas públicas.
Hacemos más adelante una presentación crítica de diez postulados que
continúan inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en
toda Europa, a pesar de los brutales desmentidos aportados por la crisis
financiera y sus consecuencias. Se trata de falsedades que inspiran
medidas injustas e ineficaces, frente a las cuales proponemos al debate
veintidós contra proposiciones. Ellas no cuentan necesariamente con el
asentimiento unánime de los signatarios de este texto, pero deben ser
tomadas en serio si queremos sacar a Europa del atolladero.
Falsedad n°1: los mercados financieros son eficientes.
Falsedad n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento
económico.
Falsedad n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los
Estados.
Falsedad n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del
gasto.
Falsedad n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.
Falsedad n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a
nuestros nietos.
Falsedad n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para
financiar la deuda pública.
Falsedad n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.
Falsedad n°9: el euro nos protege contra la crisis.
Falsedad n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno
económico y una verdadera solidaridad europea.
FALSA EVIDECIA N°1: LOS MERCADOS FINACIEROS SON
EFICIENTES
Un hecho se impone hoy a todos los observadores: el papel primordial
que desempeñan los mercados financieros en el funcionamiento de la
economía. Es el resultado de una larga evolución que empezó finales de
la década de 1970. La midamos como la midamos esta evolución marca
una ruptura neta, tanto cuantitativa como cualitativa, con las décadas
precedentes. Bajo la presión de los mercados financieros la regulación
del conjunto del capitalismo se transforma en profundidad y da
nacimiento a una forma inédita de capitalismo que algunos llamaron
“capitalismo patrimonial”, capitalismo financiero” o incluso
“capitalismo neoliberal”.
Estas mutaciones encontraron en la hipótesis de eficiencia informativa
de los mercados financieros su justificación teórica. En efecto, según
esta hipótesis, es importante desarrollar los mercados financieros, hacer
que puedan funcionar lo más libremente posible porque constituyen el
único mecanismo de asignación eficaz del capital. Las políticas que se
han llevado a cabo obstinadamente desde hace treinta años son
conformes a esta recomendación. Se trata de construir un mercado
financiero mundialmente integrado en el que todos los actores
(empresas, hogares, Estados, instituciones financieras) puedan
intercambiar todas las categorías de títulos (acciones, obligaciones,
deudas, derivados, divisas) en todos los plazos (largo plazo, medio
plazo, corto plazo). Los mercados financieros han llegado a parecerse al
mercado “sin fricción” de los manuales: el discurso económico ha
conseguido crear la realidad. Como los mercados eran cada vez más
“perfectos” en el sentido de la teoría económica dominante, los analistas
creyeron que en adelante el sistema financiero era mucho más estable
que en el pasado. La “gran moderación” (este periodo de crecimiento
económico sin subida de los salarios que conoció Estados Unidos desde
1990 a 2007) parecía confirmarlo.
Todavía hoy el G20 persiste en la idea de que los mercados financieros
son el buen mecanismo de asignación del capital. La primacía y la
integridad de los mercados financieros siguen siendo los objetivos
finales que prosigue su nueva regulación financiera. La crisis se
interpreta no como un resultado inevitable de la lógica de los mercados
desregulados sino como el efecto de la deshonestidad e
irresponsabilidad de algunos actores financieros mal vigilados por los
poderes públicos.
Sin embargo, la crisis se ha encargado de demostrar que los mercados
no son eficientes y que no permiten una asignación eficaz del capital.
Las consecuencias de este hecho en materia de regulación y de política
económica son inmensas. La teoría de la eficiencia reposa sobre la idea
de que los inversores buscan y encuentran la información más fiable
posible sobre el valor de los proyectos que compiten para encontrar una
financiación. De creer esta teoría, el precio que se forma en un mercado
refleja los juicios de los inversores y sintetiza el conjunto de la
información disponible: constituye, por consiguiente, un buen cálculo
del verdadero valor de los títulos. Ahora bien, se supone que este valor
resume toda la información necesaria para orientar la actividad
económica y así la vida social. De este modo el capital se invierte en los
proyectos más rentables y deja de lado los proyectos menos eficaces.
Ésta es la idea central de esta teoría: la competencia financiera produce
unos precios justos que constituyen señales fiables para los inversores y
orientan eficazmente el desarrollo económico.
Pero la crisis vino a confirmar los diferentes trabajos críticos que habían
puesto en duda esta propuesta. La competencia financiera no produce
necesariamente precios justos. Peor: con frecuencia la competencia
financiera es desestabilizante y lleva a unas evoluciones de precios
excesivas e irracionales, las burbujas financieras.
El error principal de la teoría de la eficiencia de los mercados
financieros consiste en trasponer a los productos financieros la teoría
habitual de los mercados de bienes ordinarios. En estos últimos la
competencia es en parte autorreguladora en virtud de lo que se llama la
“ley” de la oferta y la demanda: cuando el precio de un bien aumenta,
entonces los productores van a aumentar su oferta y los compradores a
reducir su demanda; el precio, por lo tanto, va a bajar y a volver cerca de
su nivel de equilibrio. En otras palabras, cuando el precio de un bien
aumenta unas fuerzas de llamada tienden a frenar y después a invertir
este alza. La competencia produce lo que se llama “feedbacks
negativos”, unas fuerzas de llamada que van en el sentido contrario del
choque inicial. La idea de la eficiencia nace de una transposición directa
de este mecanismo a la finanza de mercado.
Ahora bien, para esta última la situación es muy diferente. Cuando el
precio aumenta es frecuente observar no una bajada, ¡sino una subida
de la demanda! En efecto, la subida del precio significa un rendimiento
mayor para quienes poseen el título debido a la plusvalía realizada. Por
consiguiente, la subida del precio atrae a nuevos compradores, lo que
refuerza más la subida inicial. Las promesas de bonos empujan a los
traders a ampliar aún más el movimiento. Hasta el incidente,
imprevisible pero inevitable, que provoca la inversión de las
anticipaciones y la quiebra. Este fenómeno digno de la irreflexión de los
borregos es un proceso de “feedbacks positivos” que empeora los
desequilibrios. Es la burbuja especulativa: una subida acumulativa de
los precios que se alimenta a sí misma. Este tipo de proceso no produce
precios justos sino, por el contrario, precios inadecuados.
Por consiguiente, el lugar preponderante ocupado por los mercados
financieros no puede llevar a eficacia alguna. Aún más, es una fuente
permanente de inestabilidad, como lo demuestra claramente la serie
ininterrumpida de burbujas que hemos conocido desde hace 20 años:
Japón, Sudeste de Asia, internet, mercados emergentes, la inmobiliaria,
conversión de la deuda en valores. Así, la inestabilidad financiera se
traduce en fuertes fluctuaciones de las tasas de intercambio y de la
Bolsa, que manifiestamente no tienen relación con los fundamentos de
la economía. Esta inestabilidad, nacida del sector financiero, se propaga
a la economía real por medio de numerosos mecanismos.
Para reducir la ineficiencia e inestabilidad de los mercados financieros
sugerimos cuatro medidas:
Medida n°1: compartimentar estrictamente los mercados financieros y
las actividades de los actores financieros, prohibir a los bancos
especular por su propia cuenta para evitar la propagación de las
burbujas y de las quiebras,
Medida n°2: Reducir la liquidez y la especulación desestabilizadora por
medio de controles sobre los movimientos de capitales y de las tasas
sobre las transacciones financieras,
Medida n°3: limitar las transacciones financieras a las que respondan a
las necesidades de la economía real (por ejemplo, CDS [Credit Default
Swap o permuta de incumplimiento crediticio] únicamente para quienes
detentan títulos asegurados, etc.)
Medida n°4: limitar la remuneración de los traders.
FALSA EVIDENCIA N°2: LOS MERCADOS FINANCIEROS SON
FAVORABLES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La integración financiera ha llevado el poder de las finanzas a su cenit
debido al hecho de que unifica y centraliza la propiedad capitalista a
escala mundial. En adelante ella es quien determina las normas de la
rentabilidad exigidas al conjunto de los capitales. El proyecto era que la
finanza de mercado sustituyera a la financiación bancaria de los
inversores. Proyecto que, además, ha fracasado porque hoy,
globalmente, son las empresas las que financian a los accionistas en vez
de lo contrario. En adelante la gobernanza de las empresas se ha
transformado profundamente para alcanzar las normas de rentabilidad
del mercado. Con el aumento en potencia del valor accionarial se ha
impuesto una concepción nueva de la empresa y de su gestión, pensadas
como puestas al servicio exclusivo del accionista. Ha desaparecido la
idea de un interés común propio de las diferentes parte interesadas
vinculadas a la empresa. Los dirigentes de las empresas que cotizan en
Bolsa tiene en adelante la misión primera de satisfacer únicamente el
deseo de enriquecimiento de los accionistas. En consecuencia, dejan
ellos mismos de ser asalariados, como demuestra el desmesurado
aumento de sus remuneraciones. Como avanza la teoría de “la agencia”,
se trata de hacer de modo que los intereses de los dirigentes sean en
adelante convergentes con los de los accionistas.
El ROE (Return on Equity, o rendimiento de los capitales propios) de
15% a 25% es en adelante la norma que impone el poder de la finanza a
las empresas y a los asalariados. La liquidez es el instrumento de este
poder que permite en cualquier momento a los capitales no satisfechos
ir a buscar a otra parte. Frente a esta po tencia, tanto los asalariados
como la soberanía política parecen por su fraccionamiento en estado de
inferioridad. Esta situación desequilibrada lleva a unas exigencias de
beneficio descabelladas porque reprimen el crecimiento económico y
llevan a un aumento continuo de las desigualdades de ingresos. Por un
lado las exigencias de rentabilidad inhiben fuertemente la inversión:
cuanto más elevada es la rentabilidad demandada más difícil es
encontrar proyectos suficientemente eficientes para satisfacerla. Las
tasas de inversión siguen siendo históricamente débiles en Europa y en
Estados Unidos. Por otra parte, estas exigencias provocan una constante
presión a la baja sobre los salarios y el poder adquisitivo, lo que no es
favorable a la demanda. La ralentización simultánea de la inversión y
del consumo lleva a un crecimiento débil y a un paro endémico. En los
países anglosajones se ha contrarrestado esta tendencia por medio de
desarrollo del endeudamiento de los hogares y por medio de las
burbujas financieras que crean una riqueza que permite un crecimiento
del consumo sin salarios, pero terminan en quiebras.
Para remediar los efectos negativos sobre la actividad económicas
ponemos debatir tres medidas :
Medida n°5: reforzar significativamente los contra-poderes en las
empresas para obligar a las direcciones a tener en cuenta los intereses
del conjunto de las partes interesadas,
Medida n°6: aumentar fuertemente los impuestos a los ingresos muy
altos para disuadir la carrera por los rendimientos insostenibles,
Medida n°7: reducir la dependencia de las empresas en relación a los
mercados financieros desarrollando una política pública del crédito
(tasas preferenciales para las actividades prioritarias en el plano social y
medioambiental).
FALSA EVIDENCIA N° 3 : LOS MERCADOS SON BUENOS JUECES
DE LA SOLVENCIA DE LOS ESTADOS
Según los defensores de la eficiencia de los mercados financieros, los
operadores de mercado tendrían en cuenta la situación objetiva de las
finanzas públicas para evaluar el riesgo de suscribir un préstamo de
Estado. Tomemos el caso de la deuda griega: los operadores financieros
y quienes toman las decisiones se remiten únicamente a las
evaluaciones financieras para juzgar la situación. Así, cuando la tasa
exigida a Grecia ascendió a más del 10%, cada uno dedujo que el riesgo
de falta [de pago] estaba cercano: si los inversores exigen semejante
prima de riesgo es que el peligro es extremo.
Hay en ello un profundo error si se comprende la verdadera naturaleza
de la evaluación por el mercado financiero. Como éste no es eficiente, lo
más frecuente es que produzca unos precios completamente
desconectados de los fundamentales. En esas condiciones es
descabellado entregarse únicamente a las evaluaciones financieras para
juzgar una situación. Evaluar el valor de un título financiero no es una
operación comparable a medir un tamaño objetivo, por ejemplo, a
calcular el peso de un objeto. Un título financiero es un derecho sobre
unos ingresos futuros: para evaluarlo hay que prever lo que será el
futuro. Es una cuestión de juicio, no una medida objetiva porque en el
instante t, el futuro no está en modo alguno predeterminado. En las
salas de mercado sólo es lo que los operadores imaginan que será. Un
precio financiero resulta de un juicio, de una creencia, de una apuesta
sobre el futuro: nada asegura que el juicio de los mercados tenga algun
tipo de superioridad sobre las demás formas de juicio.
Sobre todo, la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto
medido, compromete y construye el futuro que ella imagina. Así, las
agencias de calificación financieras contribuyen en mucho a determinar
las tasas de interés en lo s mercados de obligaciones atribuyendo unas
notas cargadas de una gran subjetividad, incluso de una voluntad de
alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos. Cuando
degradan la calificación de un Estado aumentan la tasa de interés
exigida por los actores financieros para adquirir los títulos de la deuda
pública de este Estado y aumentan con ello el riesgo de quiebra que ellas
han anunciado.
Para reducir la influencia de la psicología de los mercados sobre la
financiación de los estados, proponemos debatir dos medidas:
Medida n°8: no se debe autorizar a las agencias de calificación
financiera a pesar arbitrariamente en las tasas de interés de los
mercados de obligaciones degradando la calificación de un Estado: su
actividad se debería reglamentar exigiendo que esta nota resulte de un
calculo económico transparente.
Medida n°8 bis: liberar a los Estados de la amenaza de los mercados
financieros garantizando que el Banco Central Europeo (BCE) compra
los títulos púbicos.
FALSA EVIDENCIA N° 4 : LA SUBIDA ESPECTACULAR DE LAS
DEUDAS PÚBLICAS ES EL RESULTADO DE UN EXCESO DE GASTOS
Michel Pébereau, uno de los “padrinos” de la banca francesa, describía
en 2005 en unos de estos informes oficiales ad hoc a una Francia
asfixiada por la deuda pública y sacrificando sus generaciones futuras al
entregarse a unos gastos sociales irreflexivos. El Estado que se endeuda
como un padre de familia alcohólico que bebe por encima de sus
medios: ésta es la visión que suelen propagar la mayoría de los
editorialistas. La reciente explosión de la deuda pública en Europa y en
el mundo se debe en todas partes a otra cosa: a los planes de
salvamiento de las finanzas y, sobre todo, a la recesión provocada por la
crisis bancaria y financiera que empezó en 2008: el déficit público
medio en la zona euro era sólo el 0,6% del PIB en 2007, pero la crisis le
ha hecho pasar al 7% en 2010. Al mismo tiempo la deuda pública ha
pasado del 66% al 84% del PIB.
Sin embargo, el aumento de la deuda pública tanto en Francia como en
muchos países europeos fue primero moderada y anterior a esta
recesión: proviene en gran parte no de una tendencia a la subida de los
gastos públicos (puesto que, al contrario, desde principios de la década
de 1990 estos son estables o en baja en la Unión Europea en proporción
al PIB) sino del desmoronamiento de los ingresos públicos debido a la
debilidad del crecimiento económico en el periodo y a la
contrarrevolución fiscal que han llevado a cabo la mayoría de los
gobiernos desde hace veinticinco años. A más largo plazo la
contrarrevolución fiscal ha alimentado continuamente el hinchamiento
de la deuda de una recesión a otra. Así, en Francia un reciente informe
parlamentario cifra en 100.000 millones de euros en 2010 el coste de
las bajadas de impuestos consentidas entre 2000 y 2010, sin incluir
siquiera las exoneraciones de cotizaciones sociales (30.000 millones) y
otros “gastos fiscales”. A falta de una armonización fiscal, los Estados
europeos se han entregado a la competencia fiscal, bajando los
impuestos a las sociedades, los altos ingresos y los patrimonios. Aunque
el peso relativo de sus determinantes varíe de un país a otro, la subida
casi general de los déficits públicos y de las ratios de deuda pública en el
curso de los treinta últimos años no resulta principalmente de una
deriva culpable de los gastos públicos. Un diagnóstico que,
evidentemente, abre otras pistas que la sempiterna reducción de los
gastos públicos.
Para restaurar un debate público informado sobre el origen de la deuda
y, por lo tanto, de los medios de remediarla, proponemos debatir una
propuesta:
Medida n° 9: realizar una auditoría pública de las deudas públicas para
determinar su origen y conocer la identidad de los principales
poseedores de títulos de la deuda y los montantes que poseen.
FALSA EVIDENCIA N°5: HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS PARA
REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA
Aunque el aumento de la deuda pública resultara en parte de un
aumento de los gastos públicos, cortar en estos gastos no contribuiría
necesariamente a la solución porque la dinámica de la deuda pública no
tiene mucho que ver con la de un hogar: la macroeconomía no es
reducible a la economía doméstica. Generalmente la dinámica de la
deuda depende de varios factores: el nivel de los déficits primarios, pero
también la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento
nominal de la economía.
Y es que si este último es más débil que la tasa de interés la deuda va a
crecer mecánicamente debido al “efecto bola de nieve”: explota el
importe de los intereses y también el déficit total (incluidos los intereses
de la deuda). Así, a principios de la década de 1990 la política del franco
fuerte que llevó a cabo Bérégovoy y se mantuvo a pesar de la recesión de
1993-94 se tradujo en una tasa de interés más elevada de forma
duradera que la tasa de crecimiento, lo que explica el salto de la deuda
pública de Francia durante este periodo. Es el mismo mecanismo que
explicaban el aumento de la deuda durante la primera mitad de la
década de 1980 bajo el impacto de la revolución neoliberal y de la
política de tasas de interés elevadas que llevaron a cabo Ronald Reagan
y Margaret Thatcher.
Pero la propia tasa de crecimiento no es independiente de los gastos
públicos: a corto plazo la existencia de gastos públicos estables limita la
magnitud de las recesiones (“estabilizadores automáticos”); a largo
plazo las inversiones y gastos públicos (educación, sanidad,
investigación, infraestructuras …) estimulan el crecimiento. Es falso
afirmar que todo déficit público crece tanto como la deuda pública o que
toda reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de
los déficit compromete la actividad económica la deuda aumentará aún
más. Los comentaristas liberales subrayan que algunos países (Canadá,
Suecia, Israel) realizaron unos ajustes brutales de sus cuentas públicas
en la década de 1990 e inmediatamente después conocieron un fuerte
rebote del crecimiento. Pero esto sólo es posible si el ajuste concierne a
un país aislado, que vuelve a ganar competitividad sobre sus rivales. Lo
que evidentemente olvidan los partidarios del ajuste estructural europeo
es que los países europeos tienen por principales clientes y rivales a
otros países europeos ya que la Unión Europea está globalmente poco
abierta al exterior. Una reducción simultánea y masiva de los gastos
públicos del conjunto de los países de la Unión Europea sólo puede
tener como efecto una recesión agravada y, por lo tanto, una nueva
subida de la deuda pública.
Para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un
desastre social y politico proponemos debatir dos medidas:
Medida n°10: mantener el nivel de las protecciones sociales, incluso
mejorarlas (subsidio de desempleo, vivienda…);
Medida n°11: aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de
educación, de investigación, de inversion en reconversión ecológica…
para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que
permita un fuerte descenso del paro.
FALSA EVIDENCIA N°6: LA DEUDA PÚBLICA TRASLADA EL
PRECIO DE NUESTROS EXCESOS A NUESTROS NIETOS
La afirmación de que la deuda pública sería una transferencia de riqueza
en detrimento de las generaciones futuras es otra afirmación falsa que
confunde economía doméstica y macroeconomía. La deuda pública es
un mecanismo de transferencia de riquezas, pero es sobre todo de los
contribuyentes ordinarios hacia los rentistas.
En efecto, basándose en la creencia raramente verificada según la cual
bajar los impuesto estimularía el crecimiento y aumentaría in fine los
ingresos públicos, desde 1980 los Estados europeos han imitado a
Estados Unidos en una política sistemática de hacer la oferta fiscal más
baja. Se han multiplicado las reducciones de impuestos y de cotizaciones
(sobre los beneficios de las sociedades, sobre los ingresos de los
particulares más acomodados, sobre los patrimonios, sobre las
cotizaciones patronales…), pero su impacto en el crecimiento económico
sigue siendo muy incierto. Por consiguiente, estas políticas fiscales anti-
redistributivas han agravado a la vez y de manera acumulativa las
desigualdades sociales y los déficits públicos.
Estas políticas fiscales han obligado a las administraciones públicas a
endeudarse con hogares acomodados y mercados financieros para
financiar los déficits así creados. Es lo que se podría llamar “el efecto
jackpot”: con el dinero ahorrado de sus impuestos los ricos han podido
adquirir títulos (portadores de interés) de la deuda pública emitida para
financiar los déficits públicos provocados por la reducciones de los
impuestos… Así, el servicio de la deuda pública en Francia representa
40.000 millones de euros, casi tanto como las recaudaciones del
impuesto sobre la renta. Tour de force tanto más brillante cuanto que a
continuación se ha logrado hacer creer al público que los culpables de la
deuda pública eran los funcionarios, los jubilados y los enfermos.
Por consiguiente, el aumento de la deuda pública en Europa o en
Estados Unidos no es el resultado de políticas keynesianas
expansionistas o de políticas sociales dispendiosas sino más bien de una
política en favor de las capas privilegiadas: los “gastos fiscales” (bajadas
de impuestos y de cotizaciones) aumentan los ingresos disponibles de
quienes menos lo necesitan, los cuales gracias a ello pueden aumentar
más sus inversiones, sobre todo en Bonos del Tesoro, que son
remunerados en intereses por medio del impuesto procedente de todos
los contribuyentes. En resumen, se establece un mecanismo de
redistribución al revés, desde las clases populares hacia las clases
acomodadas, vía la deuda pública cuya contrapartida es siempre la renta
privada.
Para rectificar de manera equitativa las finanzas públicas en Europa y
en Francia proponemos debatir dos medidas:
Medida n°12: volver a dar un carácter fuertemente redistributivo a la
fiscalidad directa sobre los ingresos (supresión de los vacíos [fiscales],
creación de nuevas series y aumento de las tasas del impuesto sobre la
renta…)
Medida n°13: suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas
que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.
FALSA EVIDENCIA N°7 : HAY QUE ASEGURAR A LOS MERCADOS
FINANCIEROS PARA PODER FINANCIAR LA DEUDA PÚBLICA
A nivel mundial se debe analizar el ascenso de las deudas públicas
correlativamente a la financiarización. Durante los últimos treinta años
a favor de la liberalización total de la circulación de los capitales las
finanzas han aumentado considerablemente su influencia sobre la
economía. Las grandes empresas recurren cada vez menos al crédito
bancario y cada vez más a los mercados financieros. Los hogares
también ven una parte cada vez mayor de su ahorro drenado hacia las
finanzas para sus pensiones, vía los diversos productos de inversión o
incluso en algunos países vía la financiación de su vivienda (préstamos
hipotecarios). Los gestores de carteras que tratan de diversificar los
riesgos buscan títulos públicos como complemento a los privados. Los
han encontrado fácilmente en los mercados porque los gobiernos han
llevado a cabo unas políticas similares que han llevado a un
relanzamiento de los déficits: tasas de interés altas, bajada de los
impuestos centradas en los ingresos altos, incitaciones masivas al
ahorro financiero de los hogares para favorecer las jubilaciones por
capitalización, etc.
A nivel de la UE la financiarización de la deuda pública se ha inscrito en
los tratados: desde Maastricht los Bancos Centrales tienen prohibido
financiar directamente a los Estados, que deben encontrar prestamistas
en los mercados financieros. Esta “represión monetaria” acompaña a la
“liberación financiera” y hace exactamente lo contrario de las políticas
adoptadas tras la gran crisis de la década de 1930, de “represión
financiera” (drásticas restricciones a la libertad de acción de las
finanzas) y de “liberación monetaria” (con el final del patrón oro). Se
trata de someter a los Estados, que se supone que son por naturaleza
demasiado dispendiosos, a la disciplina de los mercados financieros,
que se supone que son eficientes y omniscientes por naturaleza.
Como resultado de esta elección doctrinaria, el Banco Central Europeo
no tiene así derecho a suscribir directamente las emisiones de
obligaciones públicas de los Estados europeos. Privados de la garantía
de poder financiarse siempre en el Banco Central, los Estados europeos
del sur han sido así víctimas de ataques especulativos. En efecto, aunque
en nombre de una ortodoxia sin fisuras el BCR siempre se había negado
a ello, desde hace algunos meses compra obligaciones de Estado a la
tasa de interés del mercado para calmar las tensiones en el mercado de
obligaciones europeos. Pero nada dice que esto sea suficiente si la crisis
de la deuda se agrava y y se esfuman las tasas de interés de mercado.
Entonces podría ser difícil mantener esta ortodoxia monetaria que
carece de fundamentos científicos serios.
Para remediar el problema de la deuda pública proponemos debatir dos
medidas:
Medida n°14: autorizar al Banco Central Europeo a financiar
directamente a los Estados (o a imponer a los bancos comerciales
suscribir la emisión de obligaciones públicas) a bajo interés, aflojando
así el lastre con el que les traban los mercados financieros,
Medida n°15: si fuera necesario, reestructurar la deuda pública, por
ejemplo, limitando el servicio de la deuda pública a determinado tanto
por ciento del PIB, y operando una discriminación entre los acreedores
según el volumen de los títulos que poseen: los rentistas muy grandes
(particulares o instituciones) deben aceptar un alargamiento sensible
del perfil de la deuda, incluso anulaciones parciales o totales. También
hay que volver a negociar las exorbitantes tasas de interés de los títulos
emitidos por los países en dificultades desde la crisis.
FALSA EVIDENCIA N°8: LA UNIÓN EUROPEA DEFIENDE EL
MODELO SOCIAL EUROPEO
La construcción europea parece una experiencia ambigua. Coexisten dos
visiones de Europa sin osar enfrentarse abiertamente. Para los
socialdemócratas, Europa hubiera debido proponerse el objetivo de
promover el modelo social europeo, fruto del compromiso social de la
época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con su protección social,
sus servicios públicos y sus políticas industriales. Europa hubiera
debido construir una muralla defensiva frente a la globalización liberal,
un medio de proteger, de hacer vivir y progresar este modelo. Europa
hubiera debido defender una visión específica de la organización de la
economía mundial, la globalización regulada por unas organizaciones de
gobernanza mundial. Hubiera debido permitir a los países miembro
mantener un nivel elevado de gastos públicos y de redistribución,
protegiendo su capacidad de financiarlos por medio de la armonización
de la fiscalidad sobre las personas, las empresas y los ingresos del
capital.
Sin embargo, Europa no ha querido asumir su especificidad.
Actualmente la visión dominante en Bruselas y en el seno de la mayoría
de los gobiernos nacionales es la contraria a la de una Europa liberal,
cuyo objetivo es adaptar a las sociedades europeas a las exigencias de la
globalización: la construcción europea es la ocasión de poner en tela de
juicio el modelo social europeo y de desregular la economía. La
preeminencia del derecho de la competencia sobre las reglamentaciones
nacionales y sobre los derechos sociales en el Mercado Único permite
introducir más competencia en los mercados de los productos y de los
servicios, disminuir la importancia de los servicios públicos y organizar
competitividad de los trabajadores europeos. La competencia social y
fiscal permitió reducir los impuestos, sobre todo sobre los ingresos del
capital y de las empresas (las “bases móviles”) y hacer presión sobre los
gastos sociales. Los tratados garantizan cuatro libertades
fundamentales: la libre circulación de las personas, de las mercancías,
de los servicios y de los capitales. Pero lejos de limitarse al mercado
interior, la libertad de circulación de los capitales se ha concedido a los
inversores del mundo entero, sometiendo así al tejido productivo
europeo a los imperativos de valorización de los capitales
internacionales. La construcción europea perece un medio de imponer a
los pueblos unas reformas neoliberales.
La organización de la política macroeconómica (independencia del BCE
frente a la política, Pacto de Estabilidad) está marcada por la
desconfianza respecto a los gobierno elegidos democráticamente. Se
trata de privar a los países de toda autonomía en materia tanto de
política monetaria como en materia presupuestaria. Para ya sólo dejar
jugar a la “estabilización automática” se debe alcanzar el equilibrio
presupuestario y después toda política discrecional desterrada de
reactivación. A nivel de la zona no se ha establecido ninguna política
coyuntural común ni se ha definido ningún objetivo común en términos
de crecimiento o de empleo. No se tienen en cuenta las diferencias de
situación entre los países porque el pacto no se interesa ni por las tasas
de inflación ni por los déficits exteriores nacionales; los objetivos de las
finanzas públicas no tienen en cuenta situaciones económicas
nacionales.
Las instancias europeas trataron de impulsar unas reformas
estructurales (por medio de las Grandes Orientaciones Políticas
Económicas, el Método Abierto de Coordinación o la Agenda de Lisboa)
con un éxito muy desigual. Como su modo de elaboración no era
democrático ni movilizador, su orientación liberal no correspondía
obligatoriamente a las políticas decididas a nivel nacional, teniendo en
cuenta las relaciones de fuerza existentes en cada país. Esta orientación
no conoció de entrada los brillantes éxitos fulgurantes que la habría
legitimado. Se puso en tela de juicio el movimiento de liberalización
económica (fracaso de la Directiva Bolkestein); se tentó a algunos países
con nacionalizar su política industrial mientras que la mayoría se
oponía a la europeización de sus políticas fiscales o sociales. La Europa
social ha seguido siendo una palabra vacía, sólo se ha afirmado
realmente la Europa de la competencia y de las finanzas.
Para que Europa promueva verdaderamente un modelo social europeo
proponemos debatir dos medidas:
Medida n°16: poner en tela de juicio la libre circulación de los capitales
y de las mercancías entre la UE y el resto del mundo negociando si fuera
necesario acuerdos multilaterales o bilaterales,
Medida n°17: en vez de la política de competencia, convertir a “la
armonización en el progreso” en el hilo director de la construcción
europea. Establecer unos objetivos comunes de alcance constringente
tanto en materia de progreso social como en materia macroeconómica
(unas GOPS, grandes orientaciones de política social).
FALSA EVIDENCIA N°9: EL EURO ES UN ESCUDO CONTRA LA
CRISIS
El euro debería haber sido un factor de protección contra la crisis
financiera mundial. Después de todo, la supresión de toda
incertidumbre sobre las tasas de cambio entre las monedas europeas
eliminó un factor fundamental de inestabilidad. Sin embargo, no ha
habido nada de eso: Europa se ha visto afectada más duramente y de
forma duradera por la crisis que el resto del mundo. Esto se debe a las
propias modalidades de construcción de la unión monetaria.
Desde 1999 la zona euro conoció un crecimiento relativamente mediocre
y un aumento de las divergencias entre los Estados miembro en
términos de crecimiento, de inflación, de paro y de desequilibrios
exteriores. El marco de política económica de la zona euro, que tiende a
imponer a unos países en situaciones diferentes unas políticas
macroeconómicas parecidas, ha ampliado las disparidades de
crecimiento entre los Estados miembro. En la mayoría de los países, en
particular los más grandes, la introducción del euro no ha provocado la
prometida aceleración del crecimiento. Para otros, hubo crecimiento
pero a costa de desequilibrios difícilmente sostenibles. La rigidez
monetaria y presupuestaria, reforzada por el euro, ha permitido hacer
caer todo el peso de los ajustes sobre el trabajo. Se ha promovido la
flexibilidad y la austeridad salarial, reducido la parte de los salarios en el
ingreso total, aumentado las desigualdades.
Esta carrera a la baja social la ha ganado Alemania, que ha sabido
liberar importantes surplus comerciales en detrimento de sus vecinos y,
sobre todo, de sus propios asalariados, imponiéndose una bajada del
coste del trabajo y de las prestaciones sociales, lo que le ha conferido
una ventaja comercial en relación a sus vecinos que no han podido
tratar tan duramente a sus trabajadores. Los excedentes comerciales
alemanes pesan sobre el crecimiento de los demás países. Los déficits
presupuestarios y comerciales de unos sólo son la contrapartida de los
excedentes de los demás … Los Estados miembro no han sido capaces
de definir una estrategia coordinada.
La zona euro hubiera debido verse menos afectada por la crisis que
Estados Unidos y Reino Unido. Los hogares están claramente menos
implicados en los mercados financieros, que son menos sofisticados. Las
finanzas públicas estaban en una situación mejor; el déficit público del
conjunto de los países de la zona era del 0,6% del PIB en 2007, frente a
casi el 3% en Estados Unidos, en Reino Unido o Japón. Pero la zona
euro sufría un aumento de los desequilibrios: los países del norte
(Alemania, Austria, Países Bajos, países escandinavos) limitaban sus
salarios y sus demandas internas, y acumulaban excedentes exteriores,
mientras que los países del sur (España, Grecia, Irlanda) conocían un
crecimiento vigoroso impulsado por unas tasas de interés débiles en
relación a la tasa de crecimiento, al tiempo que acumulaban unos
déficits exteriores.
Aunque la crisis económica partió de Estados Unidos, éste ha tratado de
establecer una política real de reactivación presupuestaria y monetaria
al tiempo que iniciaba un movimiento de desregulación financiera.
Europa, por el contrario, no ha sabido emprender una política
suficientemente reactiva. De 2007 a 2010 el impulso presupuestario ha
sido del orden de 1,6 puntos de PIB en la zone euro, de 3,2 puntos en
Reino Unido y de 4,2 puntos en Estados Unidos. La pérdida de
producción debida a la crisis ha sido claramente más fuerte en la zona
euro que en Estados Unidos. En la zona se ha sufrido más el aumento
del déficits que el resultado de una política activa.
Al mismo tiempo, la Comisión ha seguido lanzando unos
procedimientos de déficit excesivo contra los Estados miembro de modo
que a mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona
estaban sometidos a ellos. Ha pedido a los Estados miembro que para
2013 ó 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%,
independientemente de la evolución economía. Las instancias europeas
han seguido reclamando unas políticas salariales restrictivas y que se
replanteen los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el
riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar
las tensiones entre los países. Esta ausencia de coordinación y, más
fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo
que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembro han
incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a
especular abiertamente contra él.
Para que el euro pueda proteger realmente a los ciudadanos europeos de
la crisis proponemos debatir dos [sic] medidas:
Medida n°18: garantizar una verdadera coordinación de las políticas
macroeconómicas y una reducción concertada de los desequilibrios
comerciales entre los países europeos,
Medida n°19: compensar los desequilibrios de pago en Europa por
medio de un Banco de Pagos (que organice los préstamos entre los
países europeos),
Medida n°20: si la crisis del euro lleva a su desintegración y esperando
el ascenso en régimen del presupuesto europeo (cf. infra), establecer un
régime monetario intraeuropeo (moneda común tipo “bancor”) que
organice la reabsorción de los desequilibrios de los balances comerciales
en el seno de Europa.
FALSA EVIDENCIA N°10: LA CRISIS GRIEGA HA PERMITIDO
FINALMENTE AVANZAR HACIA UN GOBIERNO ECONÓMICO Y
UNA VERDADERA SOLIDARIDAD EUROPEA
A partir de mediados de 2009 los mercados financieros empezaron a
contar con las deudas de los países europeos. Globalmente la fuerte
subida de las deudas y de los déficits públicos a escala mundial no ha
provocado (todavía) subidas de las tasas largas: los operadores
financieros consideran que los bancos centrales mantendrán mucho
tiempo las tasas monetarias reales a un nivel próximo de cero y que no
hay riesgo de inflación ni de falta [de pago] de un gran país. Pero los
especuladores han percibido los fallos de la organización de la zona
euro. Mientras que los gobiernos de los demás países desarrollados
siempre pueden ser financiados por su Banco Central, los países de la
zona euro han renunciado a esta posibilidad y dependen totalmente de
los mercados financieros para sus déficits. Por ello se ha podido
desencadena la especulación sobre los países más frágiles de la zona:
Grecia, España e Irlanda.
Las instancias europeas y los gobiernos han tardado en reaccionar al no
querer dar la impresión de que los países miembro tenían derecho a un
apoyo ilimitado de sus socios y querer sancionar a Grecia, culpable de
haber ocultado (con ayuda de Goldman Sachs) la magnitud de sus
déficits. Con todo, en mayo de 2010 el BCE y los países miembro
tuvieron que crear urgentemente un Fondo de Estabilización para
indicar a los mercados que aportarían este apoyo sin límites a los países
amenazados. En contrapartida estos han tenido que anunciar unos
programas de austeridad presupuestaria sin precedentes que los van a
condenar a un retroceso de la actividad a corto plazo y a un largo
periodo de recesión. Bajo la presión del FMI y de la Comisión Europea
Grecia debe privatizar sus servicios públicos y España flexibilizar su
mercado laboral. Del mismo modo, Francia y Alemania, que no están
afectadas por la especulación, han anunciado medidas restrictivas.
Sin embargo, la demanda no es en modo alguno excesiva en Europa. La
situación de las finanzas públicas es mejor que la de Estados Unidos o
de Gran Bretaña, lo que deja márgenes de maniobra presupuestaria.
Hay que reabsorber los desequilibrios de manera coordinada: los países
excedentarios del norte y del centro de Europa deben llevar a cabo
políticas expansionistas (amento de los salarios, de los gastos sociales
…) para compensar las políticas restrictivas de los países del sur.
Globalmente la política presupuestaria no debe ser restrictiva en la zona
euro mientras que la economía no se acerque al pleno empleo a una
velocidad satisfactoria.
Pero, por desgracia, hoy se han reafirmado los partidarios de las
políticas presupuestarias automáticas y restrictivas en Europa. La crisis
griega permite hacer olvidar los orígenes de la crisis financiera. Quienes
han aceptado apoyar financieramente a los países del sur quieren
imponer en contrapartida un Pacto de Estabilidad. La Comisión
Europea y Alemania quieren imponer a todos los países miembro que
inscriban en su Constitución el objetivo del presupuesto equilibrado,
hacer que unos comités de expertos independientes vigilen la política
presupuestaria. La Comisión quiere imponer a los países una larga cura
de austeridad para volver a una deuda pública inferior al 60% del PIB.
Si hay un avance hacia un gobierno económico es hacia un gobierno que
en vez de aflojar el torno de las finanzas va a imponer la austeridad y
profundizar las “reformas” estructurales en detrimento de las
solidaridades sociales en cada país y entre los países.
La crisis ofrece a las elites financieras y a las tecnocracias europeas la
tentación de establecer la “estrategia del choque” aprovechando la crisis
para radicalizar la agenda neoliberal. Pero esta política tiene pocas
posibilidades de éxito:
La disminución de los gastos públicos va a comprometer el esfuerzo
necesario a escala europea para mantener los gastos del futuro
(investigación, educación, política familiar), para ayudar a la industria
europea a mantenerse y a invertir en los sectores del futuro (economía
verde).
La crisis va a permitir imponer fuertes reducciones de los gastos
sociales, objetivo incansablemente buscado por los paladines del
neoliberalismo, a riesgo de comprometer la cohesión social, de reducir
la demanda efectiva, de empujar a los hogares a ahorrar para su
jubilación y su salud en las instituciones financieras, responsables de la
crisis.
Los gobiernos y las instancias europea se niegan a organizar la
armonización fiscal que permitiría la subida necesaria de los impuestos
en el sector financiero, en los patrimonios importantes y en los ingresos
altos.
Los países europeos instauran duraderamente unas políticas
presupuestarias restrictivas que van a pesar enormemente sobre el
crecimiento. Van a descender las recaudaciones fiscales. Los sueldos
públicos apenas mejorarán, las ratios de deuda se degradarán, no se
tranquilizará a los mercados.
Debido a la diversidad de sus culturas políticas y sociales los países
europeos no han podido plegarse todos a la disciplina de hierro
impuesta por el Tratado de Maastricht; no se plegarán todos al
reforzamiento de éste que se está organizando actualmente. El riesgo de
activar una dinámica generalizada de repliegue sobre sí mismo es real.
Para avanzar hacia un verdadero gobierno económico y una solidaridad
europea proponemos debatir dos medidas:
Medida n°21: desarrollar una fiscalidad europea (tasa carbono,
impuesto sobre los beneficios, …) y un verdadero presupuesto europeo
para ayudar a la convergencia de las economías y tender a una
igualación de las condiciones de acceso a los servicios públicos y sociales
en los diversos Estados miembro sobre la base de las mejores prácticas.
Medida n°22: lanzar un vasto plan europeo, financiado por suscripción
pública a tasas de interés débil pero garantizado y/o por medio de
creación monetaria del BCE para emprender la reconversión ecológica
de la economía europea.
CONCLUSIÓN
DEBATIR LA POLÍTICA ECONÓMICA,
TRAZAR CAMINOS PARA REFUNDAR LA UNIÓN EUROPEA
Desde hace tres décadas Europa se ha construido sobre una base
tecnocrática que excluye a las poblaciones del debate de política
económica. Se debe abandonar la doctrina neoliberal que descansa
sobre la hipótesis hoy indefendible de la eficiencia de los mercados
financieros. Hay que volver a abrir el espacio de las políticas posibles y
debatir propuestas alternativas y coherentes que limiten el poder de las
finanzas y organicen la armonización en el progreso de los sistemas
económicos y sociales europeos. Esto supone la mutualización de
importantes recursos presupuestarios, obtenidos por medio del
desarrollo de una fiscalidad europea fuertemente redistributiva.
También hay que liberar a los mercados del cerco de los mercados
financieros. Solamente así el proyecto de construcción europea podrá
esperar recuperar una legitimidad popular y democrática de la que hoy
carece.
Evidentemente, no es realista esperar que 27 países decidan al mismo
tiempo operar semejante ruptura en el método y los objetivos de la
construcción europea. La Comunidad Económica Europea comenzó con
seis países: también la refundación de la Unión Europea pasará al
principio por un acuerdo entre algunos países deseosos de explorar unas
vías alternativas. A medida que se hagan evidentes las consecuencias
desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa
el debate sobre las alternativas. Luchas sociales y cambios políticos
intervendrán a ritmo diferente según los países. Unos gobiernos
nacionales tomarán decisiones innovadoras. Quienes lo deseen deberán
adoptar unas cooperaciones reforzadas para adoptar medidas audaces
en materia de regulación financiera, de política fiscal o social. Por medio
de unas propuestas concretas tenderán la mano a los demás pueblos
para que se unan al movimiento.
Por ello nos parece importante esbozar y debatir ahora las grandes
líneas de políticas económicas alternativas que harán posible
esta refundación de la construcción europea.
